Celebrar una gesta, pero transformar el presente, también
Héctor B.
Olea C.
El 27 de febrero es
un día de importancia histórica para el pueblo dominicano. Un día como hoy,
pero del año 1844, un grupo de hombres y mujeres valientes lograron la
independencia del país del poder haitiano y el consiguiente establecimiento de
la primera república.
En los días previos a
esta fecha, a nivel nacional se promueven toda una serie de reflexiones
tendentes a provocar que las generaciones presentes y futuras mantengan viva en
su memoria y hasta emulen el sentimiento patrio (el desinterés personal)
principalmente de los llamados padres de la patria, así como el de los hombres
y mujeres que junto a ellos lucharon para lograr la tan presumida hoy (¿todavía
real, alguna vez real?) independencia nacional.
Lo lamentable es
tener que ser testigos de cómo funcionarios públicos, comenzando por el poder
ejecutivo mismo, el poder legislativo y el poder judicial, actúan de espalda a
los principios de enarbolados por los padres de la patria. También es penoso
tener que observar cómo funcionarios públicos que juran hacer cumplir la
constitución y las leyes vigentes, actúan por lo general en sentido contrario.
Por ejemplo,
consideremos el juramento que los miembros de poder ejecutivo (presidente y
vicepresidente de la república) tienen que hacer al ser juramentados y tomar
posesión de sus cargos:
“Juro ante Dios y
ante el pueblo, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes de la República, proteger y
defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos
y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo” (artículo 127 de la
vigente constitución dominicana, promulgada apenas el 26 de enero del año
2010).
Es, pues, muy claro,
que los presidentes que hemos tenido en el país, por lo general, de muchas y
muy diversas maneras, actúan de espaldas, precisamente al juramento que con
tanta solemnidad prestan (quizás porque no es un juramento que les salga de lo
más profundo de su corazón; también porque probablemente ni crean en eso;
quizás porque simple y aparentemente no es más que un mero formalismo fijado
por el legislador en la llamada “carta magna) al tomar posesión de sus cargos;
pero con que tanto descaro ignoran y violan luego al administrar el estado.
Respecto del poder
legislativo, representado por el senado (cámara alta) y la cámara de diputados
(cámara baja); podemos mencionar un principio muy valioso, interesante, pero a
su vez echado al zafacón por el habitual y tradicional comportamiento de los
miembros del congreso nacional. El principio en cuestión, establecido
precisamente en la constitución vigente en su artículo 77, numeral 4, afirma:
“Las y los senadores
y diputados no están ligados por mandato imperativo, actúan siempre con apego
al sagrado deber de representación del pueblo que los eligió, ante el cual
deben rendir cuentas”
Ahora bien, cabe
preguntarse: ¿Será verdad que el histórico y recurrente comportamiento de los representantes
del poder legislativo (sin importar de qué partido provengan) ha mostrado
conformidad con este principio? Claro que no, de eso el pueblo dominicano está
plenamente convencido, incluso la comunidad
evangélica misma.
Una clave que quizás
nos ayude a entender el histórico y contradictorio proceder de estos supuestos
representantes del pueblo dominicano en los tres poderes de la república (el
ejecutivo, el legislativo y el judicial); es que actúan más bien apegados a los
principios e intereses del partido al que pertenecen; en otras palabras, no
hacen suyos los verdaderos y legítimos intereses del pueblo al que constitucional
y de manera legítima y consistente están para representar, promover y defender,
sino que más bien actúan apegados a la agenda e intereses del partido u
organización política en que tienen su membresía.
En suma, el ideal
constitucional es un estado de verdadero derecho, un estado donde se imponga el
imperio de la ley, un estado donde los representantes del pueblo dominicano en
los distintos estamentos del poder público actúen no a favor de sus personales
y partidarios intereses, sino a favor de los verdaderos intereses nacionales.
Por eso, personalmente he llegado a decir que el principio de que se sirve al
país, sirviendo al partido; en la mayoría de los casos, implica traicionar al
país, buscando los simples intereses del partido.
En realidad parece
que los supuestos representantes del pueblo dominicano, antes que miembros del
pueblo dominicano, antes que verdaderos dominicanos, son peledeistas (miembros
y compromisarios del partido de la liberación dominicana); antes que verdaderos
dominicanos, son perredeistas (miembros y compromisarios del partido
revolucionario dominicano); antes que verdaderos dominicanos, son reformistas
(miembros y compromisarios del partido reformista social cristiano), etc.
Obviamente, así no se
hace patria, por no menos, no con la que soñaron las personas que sacrificaron
sus vidas por la independencia nacional, no con la que todavía sueña el pueblo
dominicano.
Por otro llama la
atención que la fecha del 27 de febrero esté entre las tres únicas fechas en
que según la constitución vigente el poder ejecutivo tiene la facultad
constitucional de conceder indultos, con apego al marco jurídico vigente. La
constitución vigente establece (en su artículo 128, primer apartado, literal
“j”) que el poder ejecutivo tiene la facultad constitucional de producir
indultos en tres fechas específicas del año: los días 27 de febrero (día de la
independencia nacional), los días 16 de agosto (día de la restauración
de la República), y los 23 de diciembre (fecha previa a la cena de Noche
Buena).
Realmente asombra que
el poder ejecutivo no utilice este recurso constitucional, demostrando un
verdadero patriotismo, a fin de lograr un cambio radical y positivo respecto de
la situación en que actualmente se encuentran muchas personas que purgan diversas
penas en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
Ahora bien, también
resulta llamativo que nunca se ha visto que las comunidades evangélicas (de
manera directa o vía las instituciones que dicen o pretenden representarla),
que tanto “oran” por las personas que cumplen diversas penas en el sistema
penitenciario de la República Dominicana; se hayan pronunciado (como sí lo
han hecho y lo hacen consistentemente a favor de temas de su particular
interés), para que el poder ejecutivo utilice el referido instrumento
constitucional para indultar a miles de personas en las cárceles con
enfermedades terminales, otras que ya han purgado la pena impuesta por un juez,
y otras que sin haberse dictado sentencia; sin embargo ya tienen años de
prisión como si se les hubiera dictado sentencia alguna.
A la luz del estado
actual de las cosas, se impone que en una fecha tan memorable para la identidad
nacional, también pensemos y asumamos una actitud crítica y responsable, a fin
de que en nuestro país se establezca un verdadero estado de derecho, y un
verdadero clima donde impere el interés nacional y no el partidario, o grupal,
incluso el de instituciones y agrupaciones religiosas (sin excluir las
evangélica).
Es preciso insistir
en que las comunidades evangélicas, y las que dicen representarlas, también se
deben comprometer con la lucha por el establecimiento de un verdadero clima
donde reine la paz, la libertad, un efectivo estado de derecho; un estado donde
existan condiciones de verdadera libertad y satisfacción de las aspiraciones
que tenemos como pueblo; un estado donde tenga sentido presumir del hecho de
nacer o llegar a ser un ciudadano de este bello pero mal administrado país;
país tan recurrentemente traicionado por muchísimas personas (de compromiso partidario,
de compromiso religioso) que dicen representarlo y que supuestamente prometen
actuar en su favor, defendiendo sus mejores intereses.
Es preciso, pues, que
las comunidades evangélicas, en el ejercicio de un verdadero y legítimo
ejercicio profético, se comprometan con la lucha por el establecimiento de un
verdadero estado de derecho; con el establecimiento de un verdadero clima de
justicia y paz social, un ambiente de satisfacción general, donde impere el
interés nacional y no el interés grupal, político partidario, incluso de
algunas agrupaciones religiosas (sin excluir las evangélicas); así de sencillo.
¡Hasta la próxima!
